“Ni una víctima sin reparar, ni un colado agregado” (Parte I)

"15 años después del derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, por fin se hace justicia contra la discriminación ambiental en el sur de Bogotá." como lo afirman los demandantes

Por parte de esta historia, contada por del abogado Raúl Hernández, también defensor de 65 mil habitantes afectados por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana como lo fue en su momento Guillermo Asprilla, es que fue inhabilitado el exsecretario del Gobierno de Bogotá.

Ésta entrevista, que se realizó en los primeros días de enero tres meses atrás de que el exsecretario Asprilla fuera destituido, la repartiré en dos entregas  por la larga historia que la precede.  Aquí  se cuenta cómo fue que se realizó  el proceso para que las víctimas reciban una indemnización,  y quienes serán los responsables del pago que recibirán la mayor parte de los habitantes de cinco localidades del sur de Bogotá:  Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

El 27 de septiembre del año 1997 a las cuatro de la tarde Colombia sufrió una de las peores catástrofes ambientales de Sudamérica. El desplome del relleno sanitario Doña Juana.  Allí quedaron expuestas más de un millon 200 mil toneladas de basuras al aire libre. Esas basuras contenían residuos industriales, residenciales, desechos médicos, químicos y toda clase de componentes que empezaron a generar una masa de aire contaminante.

Esa masa produjo un aire “ofensivo, oloroso, agresivo y contaminante que duró aproximadamente  26 meses en la zona”,  y como consecuencia de eso, un sector muy importante del sur de la ciudad se vio afectado. “Durante esos 26 meses, la gente comenzó a sufrir problemas de convivencia, en el comercio  y en el trabajo”, cuenta el abogado.

Esos 26 meses fue  el tiempo que duró el distrito en corregir la falla y en reordenar el proceso de basuras y tapar el agujero para que ya no se produjeran esos gases ofensivos.

En el año siguiente, 1998,  los abogados, entre ellos incluido Asprilla,  empezaron un trabajo de seguimiento  por qué se preguntaban qué había ocurrido, qué  sí lo que paso fue un caso fortuito o una fuerza mayor, o si lo ocurrido era el resultado del mal manejo de las basuras como se entreveía.

Además de eso, y para ganar la demanda, los abogados hicieron distintos tipos de pruebas, entre ellas:  diagnósticos psicosociales; pruebas en materia de salud, y se hizo un mapa de olores técnicamente elaborado,  gracias a un software de dispersión de gases de la EPA (Agencia Américana de Protección del Medio Ambiente) que consiguieron para calcular los niveles de contaminación.

Como resultado de esa indagación, “tanto con la comunidad como con fuentes directas e investigaciones y registros de la forma como se estaba operando el relleno”, los representantes legales concluyeron que había una responsabilidad de parte del operador, del distrito, de la CAR, de los interventores o firmas de interventoría y de parte de los directores del proceso. Así que los defensores identificaron la cadena responsable y decidieron demandar al Distrito.

Para el año 1999, tras las investigaciones realizadas,  se instauró la demanda y en ella funcionaron dos equipos de trabajo: “por un lado el doctor Guillermo Asprilla, él fue el primero que empezó la demanda, y por otro lado Julio Soler y Raúl Hernández, que decidimos también apostarle”, cuenta el mismo Hernández.

“Conjuntamente representamos a unas 6 mil  personas y decidimos utilizar el mecanismo de la acción de grupo, no demandas individuales, sino que identificábamos que se trataba de un solo hecho dañoso que afectaba a cientos de miles de personas.”

Luego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les  dio la razón. 10 años después de haberse presentado el derrumbe y después de aprobar todo el proceso probatorio,  el ente sentó las bases de lo que posteriormente dictó el Consejo de Estado. El pago por 227 mil millones de pesos a 65 mil personas afectadas por el derrumbe del relleno sanitario.

Después de la sentencia de primera instancia la empresa Prosantana, operadora del Relleno Sanitario en el año 1997 apeló la decisión, “algo que  nosotros también hicimos”, cuenta el abogado.

Ese proceso llegó hasta el pasado dos de noviembre,  cuando el Consejo dictó una sentencia definitiva que revisó el caso. En esa sentencia se hacen una serie de argumentaciones en relación con el manejo de las basuras. “Allí se decide  la forma como el estado debe vigilar los contratos de concesión y especialmente con su responsabilidad con las mismas” cuenta Hernández.

Después de mirar y analizar las consecuencias en la gente, el Consejo de Estado estimó que había habido una grave violación de los derechos humanos con las personas que habitan el sector particularmente, estableciendo dos derechos que fueron violados por el derrumbe: el derecho a la intimidad y el derecho al libre disfrute del tiempo libre y la recreación.

“En la intimidad porque los gases que se produjeron constituían  un grave problema parecido a como si uno tuviera la basura en la cocina, en sala, en el cuarto y además malos olores en la ropa. Eso afectó la intimidad de las personas. Y al tiempo libre porque la gente se privó de acceder a los parques y de salir a las calles  porque era imposible.” Asegura el abogado retomando la sentencia.

El Consejo de Estado también reprochó el hecho de que el operador y el Distrito hubieran utilizado un mecanismo experimental para recirculación de los lixiviados y la circulación de los gases.

En 1997 los encargados del relleno sanitario tomaron los lixiviados, líquidos arrojados por la acumulación de basuras y altamente peligrosos, los sacaban y los reinyectaban al relleno, “eso produjo la desestabilización de la obra de ingeniería”, asegura el abogado Hernández.

Hernández también cuenta que “en un seminario de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI)  se presentaron las conclusiones de los ingenieros sobre lo que había ocurrido, y lo que pasó es que ocurrió un verdadero desastre por un gran error técnico que fue advertido a tiempo, ya que  el terreno presentaba fisuras y derrame de los lixiviados por los lados.”

Según comentaban los ingenieros, recuerda Hernández,  “el relleno estaba haciendo todo lo posible por no afectar a la gente, pero el operador, el Distrito y la interventoría fueron completamente negligentes. “

Razón que respalda el Consejo de Estado, porque definió que fue negligencia del Gobierno el control de una operación de una concesión como esas, lo que pudo llevar al derrumbe del relleno. “Lo que es un fallo bastante fuerte”, asegura el defensor.

Actualmente la  demanda está dirigida al Distrito Capital, como responsable de la operación; contra la empresa Prosantana, que era el operador en su momento; contra la CAR, que supervisaba en su momento ese tipo de operaciones;  contra la Uaesp (Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos), que tenía responsabilidad ahí; y contra varios interventores que tenían responsabilidad en el relleno.

Sin embargo la demanda del Consejo dice: que Doña Juana y el Distrito son los responsables, cada uno en el 50 por ciento de la responsabilidad, y obliga a la Administración Distrital a responder por la totalidad a pagar solidariamente, pero le dice que luego tendrá que cobrarle a Prosantana esa diferencia.

El pasado 14 de noviembre del 2013 la empresa Prosantana presentó la nulidad del proceso, y el 16 de enero llegó la solicitud al despacho del magistrado encargado del caso para decidir. En ese punto se encuentra el proceso.

En la próxima entrega lea lo que piensa el abogado de la solicitud de nulidad presentada por Prosantana, cómo y cuanto dinero podría  recibir cada persona por el fallo y la opinión del proceso que se adelantaba contra el exsecretario de Gobierno del alcalde Gustavo Petro, Guillermo Asprilla.

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