“Ni una víctima sin reparar, ni un colado agregado” (Parte II)

15 años después del derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, por fin se hace justicia contra la discriminación ambiental en el sur de Bogotá." como lo afirman los demandantes

Cabe recordar que esta entrevista se realizó tres meses antes de que la Procuraduría General de la Nación, inhabilitará al exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla de su cargo. Por eso las preguntas sobre el caso, puede que les parezca, estar fuera de contexto. Pero también les recuerdo,  es la opinión del abogado que trabajo paralelo a él, para defender a las víctimas por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana en 1997.

En esta segunda entrega, el abogado Raúl Hernández, nos cuenta con buenos ojos las expectativas que tiene de que la nulidad de la empresa Prosantana no prospere. El jurista explica las medidas a las cuales deben acogerse los afectados para que reciban el total de su indemnización, que podría ascender, hasta los seis salarios mínimos.

Además nos cuenta un poco su pensamiento sobre la decisión que asumió el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, que a su parecer “no fue negligente en la conducta procesal que tuvo, que sustituyó el poder y que no actuó siendo funcionario público”.

¿Y ahora qué sigue sí Prosantana pidió la nulidad?

Ellos han dicho todo el tiempo que la entidad (el Consejo de Estado) no es la competente para hacer parte en el proceso,  en la medida en que la situación de ellos estaba comprendido entre una laudo arbitral entre el Distrito y ellos. Pero nosotros alegamos que ese laudo arbitral regulaba las situaciones contraactuales y esta es una situación extra-contraactual, que genera una responsabilidad civil y administrativa por parte de la entidad que manejaba las basuras en ese año. Osea ellos.

El fallo se encuentra en manos del magistrado para que él dicte el fallo definitivo que pondría fin al proceso. Esperamos que eso se produzca lo antes posible y  nosotros pensamos que pasará en las próximas semanas. Además creemos que esa nulidad no va a prosperar y estamos seguros de que el fallo va a quedar en firme en pocas semanas.

¿A cuántas personas representan actualmente?

Nosotros representamos al grupo total de personas. En un principio fueron 6 mil poderes y luego del reconocimiento que nos hizo el Consejo de Estado, representamos a más de 65 mil.

¿Esas 65 mil son los que serán indemnizados?

Hay dos situaciones: El Consejo de Estado estimó el grupo en 65 mil personas. Puede ser que lleguen menos personas o menos sean reconocidas por la Defensoría del Pueblo. En ese caso el dinero que quede, se lo tendría que devolver la entidad a la Administración Distrital.

Pero en caso de que lleguen más personas, habría que reliquidar la sentencia y redistribuir los beneficios entre las que sean reconocidadas. Nosotros calculamos que se pueden recibir más de 300 mil reclamaciones, pero será la Defensoría del Pueblo quien verifique esas reclamaciones y quien acredite si las personas residían, trabajaban o estudiaban en el sector.

¿En caso de llegar 300 mil que pasaría?

El monto es el mismo y la distribución disminuye, así que le correspondería menos dinero a cada uno.

¿Para cuándo se espera que concluya esta historia?

El magistrado no tiene un plazo fijo pero como es un tema de interés nacional y del Distrito, entonces seguramente va a concluir pronto.

¿Qué sigue después del fallo?

Lo primero es que las víctimas deben acreditarse  ante la Defensoría del pueblo, en el Fondo para la Defensa de Intereses Colectivos, dar su voluntad de acoger la sentencia y ser reconocido como miembro del grupo o de la clase afectada. Después de ser reconocido viene la etapa de pago. En eso dos pasos puede transcurrir un año mientras se produce el pago.

¿Cuánto recibirá cada persona afectada?

El Consejo de Estado definió tres áreas de afectación: la primera va de la fuente al kilómetro y medio, la segunda desde el kilómetro y medio a los tres kilómetros y la tercera de los tres a los cinco kilómetros. Eso involucra a más de 400 o 500 barrios del sur de Bogotá, exactamente de las localidades: Ciudad Bólivar, Usme, Tunjuelito San Cristobal y Rafael Uribe Uribe.

Dadas esas mediciones, se dispuso que se pagaría de acuerdo al nivel de impacto. Para el primer nivel de impacto seis salarios mínimos, para el segundo cuatro y para el tercero dos salarios mínimos, todos por persona.

¿Personas que fallecieron también entran dentro del proceso?

Si vivían o laboraban  estudiaban en el año 1997 dentro del área afectada tienen derecho porque fueron víctimas y se pueden acercar para obtener el reconocimiento, pero el pago se hará una vez se haga la sucesión correspondiente y  se tome esa decisión en beneficio de los herederos.

¿Cómo le parece la posible suspensión de Guillermo Asprilla?

Nosotros no tenemos un activismo  una actividad política. La oficina nuestra está dedicada a defender los derechos de intereses colectivos en distintas partes del país. Pero consideramos que el Doctor Asprilla no fue negligente en la conducta procesal que tuvo, que sustituyó el poder y que no actuó siendo funcionario público. Y que en la medida que no actuó ni ha recibido ningún beneficio, no debería ser responsable de la conducta. Pero somos respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades y del proceso que ha ventilado él las razones de su defensa.

¿Es cierto que uno de los hijos del secretario Asprilla es uno de los apoderados que sigue de frente el caso de indemnización a las víctimas del  relleno sanitario? ¿Tendría relación con el proceso que se adelanta contra Asprilla?

Sí. Pero aquí no hay responsabilidades de sangre. Los hijos del Doctor Asprilla son mayores de edad y han desarrollado su actividad profesional, incluso fuera del país. Nosotros hemos realizado procesos conjuntos con ellos, pero vale aclarar que ellos no están vinculados a este proceso directamente en tanto que las actuaciones procesales ya terminaron.

Finalmente el abogado concluyó esta entrevista recordando que las víctimas son las que son y por eso recordó el lema para aquellos que merecen la indemnización: “ni una víctima sin reparar, ni un colado agregado”.

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